INDRA, JUEGO DE TRONOS

En las últimas semanas asistimos con preocupación al último acto de un “juego de tronos” por controlar la industria de ciberseguridad española que permite tener acceso a todo su despliegue y desarrollo tecnológico en el área de Defensa, clave en plena guerra en Europa. 

Indra se ha convertido en el nuevo objeto de deseo y pugna política tras el anuncio del Presidente Pedro Sánchez de incrementar hasta el 2% del PIB el presupuesto de defensa. Y por si lo anterior fuera poco Indra controla el sistema de gestión y difusión del escrutinio de los votos de, por ejemplo, las elecciones generales. En el sistema de gestión y difusión de elecciones, Indra suele ser casi siempre el elegido por el Gobierno para realizar esta labor. De hecho, en las últimas elecciones se le adjudicó el recuento por procedimiento de urgencia, es decir, sin concurso público. 

El baile de consejeros al que hemos asistido en las últimas semanas, con la caída de los cinco consejeros independientes que protegían los intereses de los accionistas minoritarios, deja a Indra desprotegida ante la injerencia o intervencionismo del ejecutivo. Pero ¿Cómo se fraguó la operación?.

Junio de 2022. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI pide permiso al Gobierno para incrementar del 20% al 28% su participación en Indra. Hace meses que la empresa vasca de defensa SAPA se ha hecho con un 5% de Indra, que le ha comprado a Corporación Financiera Alba, holding de la familia March. Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, utiliza su fondo de inversión Amber Capital para comprar un 4,1% de Indra. Desde hacía meses, el Ejecutivo buscaba un socio que le ayudara a domesticar el consejo de administración y culminar su asalto a la tecnológica y, el dueño del fondo de inversión, es uno de los directivos más cercanos al Presidente de Gobierno. En la Junta de Accionistas de la compañía de defensa, la SEPI, SAPA y Amber Capital unieron sus votos para destituir a cinco consejeros díscolos con el objetivo de conseguir “estabilidad y cohesión” en el consejo de Administración. El Estado consiguió pactar con SAPA y Amber Capital el cese de los consejeros independientes de la compañía, que eran contrarios a la gestión y a los planes que tenía la SEPI dentro de la empresa estratégica. De hecho, así lo hicieron constar los propios consejeros damnificados en una carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado final es una compañía sometida de forma creciente a los designios de un único accionista, cuyas prioridades cabe entender que no se rigen por criterios puramente económicos. 

A nivel económico, las empresas del Ibex 35 ven un gran riesgo en la credibilidad de nuestro país tras los últimos bandazos del Gobierno en el plano empresarial. El polémico golpe de timón que ha acometido en Indra ha desembocado en una grave crisis reputacional a la SEPI,

Estos hechos son de extrema gravedad e impropios de un mercado seriamente regulado como el español, que aplica unos estándares de confiabilidad homologables a los de cualquier país de nuestro entorno.

Existen razones más que suficientes para considerar que se ha producido una concertación al sumar, en conjunto, el 37% del capital entre SEPI, SAPA y Ambe

Nadie puede saltarse las reglas de funcionamiento de nuestros mercados, y menos el Gobierno a través de una sociedad pública. Y, de hecho esta injerencia está afectando de manera directa a la cotización de la acción,

En estos momentos se exige pedir garantías a los accionistas significativos que actualmente tienen el control del Consejo de que los nuevos consejeros que se nombren sean realmente independientes. Igualmente, la CNMV deberá ejercitar medidas de control, poniendo a disposición del público los motivos por los que los consejeros independientes han sido cesados en su cargo.

No deja de resultar llamativo que el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, haya calificado como “preocupante” esta operación . En el lapso de poco más de un año, Indra ha dejado de ser una empresa regida con unos criterios profesionales que habían ayudado a dejar atrás un turbulento pasado a ser un grupo pilotado por una serie de personas de limitada experiencia en el negocio y, aparentemente, con una alineación de intereses total con el máximo accionista, que deja en posición vulnerable a cualquier inversor que discrepe de los mismos (el fondo noruego Norges, sin ir más lejos, que se opuso en la junta a las maniobras de la SEPI). Y no deja de resultar igualmente llamativa la total alineación de un fondo como Amber con los planes del Ejecutivo, al que ha prestado un valioso apoyo cuya motivación permanece entre las incógnitas más oscuras de este culebrón. Huelga decir que, entremedias, el grupo ha pisoteado los estándares de gobernanza más esenciales, insertos en los criterios ESG que rigen con cada vez más fuerza en el mundo de la inversión. 

Llegados a este punto, no se escapa a nadie que es el Ejecutivo el que puede estar en el ojo del huracán, no ya mediático, sino judicial porque el perjuicio patrimonial a los pequeños accionistas se ha consumado. En este caso, el Gobierno es el investigado, porque a través de la SEPI lanzó el órdago a Indra junto a otros dos accionistas, pero también es quien nombra, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, al presidente de la CNMV. Rodrigo Buenaventura fue designado por la ministra Nadia Calviño en diciembre de 2020, aunque la independencia del regulador es una de las claves para el correcto funcionamiento del mercado. De ahí, que si la CMNV no interviene obligando a la SEPI a realizar la OPA en cumplimiento de la Ley del mercado de valores podría enfrentarse a una querella por presunta dejación de funciones. En un eventual procedimiento penal, podría verse salpicado directamente el Ejecutivo, quien tendría que responder a las cuestiones en clave penal que ahora salpican los titulares de los digitales: 

¿Se ha producido una operación concertada entre miembros del Ejecutivo y los nuevos accionistas significativos de Indra para la destitución de cuatro de sus consejeros?. ¿Incluía esta operación concertada, además de la destitución de cuatro consejeros independientes a instancia de Amber Capital y la no reelección de otra, forzar la dimisión de otros dos consejeros independientes, como los señores Iranzo Gutiérrez y Martín San Vicente?. El ya exconsejero Enrique de Leyva Pérez fue designado consejero coordinador y vicepresidente del consejo de Administración en la reunión del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022, con efectos a partir de la celebración de la Junta General de Accionistas; Habiendo sido éste destituido a instancia de Amber Capital (antes, por tanto, de que tal acuerdo fuese efectivo) y con el voto afirmativo de SEPI, ¿qué razones motivaron que SEPI se mostrase favorable a la expulsión del recién designado?. Habiendo sido los cuatro consejeros independientes destituidos a instancias de Amber Capital y con el voto afirmativo de SEPI, ¿qué razones de interés público han motivado que SEPI votase favorablemente a tales acuerdos de destitución y a la no reelección de Torremocha Ferrezuelo?.

En definitiva: ¿Qué papel ha desempeñado el Gobierno en la operación concertada entre SEPI, Amber Capital, Joseph Oughourlian y SAPA Placencia para hacerse con el control de Indra?.

Marta Duarte